Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo: de qué la acusan
• La presentadora es sobrina del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y en 2016 se dio a conocer que la presentadora había presentado un enriquecimiento ilícito.
México a 10 de Septiembre (infobae).- Este viernes 10 de septiembre se dio a conocer que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga tienen una orden de aprehensión en su contra por supuesto lavado de dinero.
Algunas versiones afirman que la presentadora se había envuelto en este problema desde 2016, pues había tenido un aparente enriquecimiento ilícito. También existe información donde se presume al esposo de Inés como parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado, el abogado encargado del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y defensor de Raúl Salinas de Gortari.
También se asegura que la presentadora de televisión habría cometido un fraude y por eso podría ser detenida.
En junio de este año, una jueza federal le dio a Inés Gómez Mont un amparo. Este fallo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR)dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra.
En ese momento se le acusó de supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente se dice que la también actriz mexicana evitó un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967,000 pesos por contribuciones.
La última publicación en Instagram de Inés Gómez Mont fue una fotografía de cuando sus hijos eran bebés, como la actriz colocó el enlace de la misma en su cuenta de Twitter, algunas personas comenzaron a preguntar sobre su paradero e incluso aseguraron que probablemente ya habría huido de México.
El problema legal que enfrenta esta actriz comenzó en 2016, pues tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta. Posteriormente, en 2018, Inés buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ayuda del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR.
Hacia principios se dictaminó que Inés no había cubierto la totalidad del daño a Hacienda y se le exigió el pago extra de 2 millones 604 mil 537 pesos.