Corte declara constitucional la consulta de AMLO sobre juicio a ex presidentes
CDMX, 1 de Octubre.- (Milenio) Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la solicitud de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El proyecto fue abordado en la sala del pleno, luego de que el 24 de septiembre el ministro Luis María Aguilar consideró «un concierto de inconstitucionalidades» la solicitud de consulta popular del Presidente.
Los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal del país tendrán ahora que replantear la pregunta que había presentado el jefe del Ejecutivo: «¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».
¿Quiénes votaron a favor y en contra?
En contra del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar votaron los ministros:
Arturo Zaldívar Yasmín Esquivel Margarita Ríos-Farjat Alberto Pérez Dayán Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Juan Luis González Alcántara Carrancá
A favor del proyecto votaron:
Otilio Javier Laynez Fernando Franco Norma Piña Jorge Pardo
En el proyecto revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020 detalla que la Corte consideró improcedente el ejercicio, toda vez que conlleva en sí una restricción de los derechos humanos y una afectación a las garantías.
El ministro Luis María Aguilar manifestó que «si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular».
«La suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos», señaló.
