La voracidad sin limites de la clase política priista
MÉRIDA.- El abuso de los altos funcionarios del PRI no tuvo limites en la administración del “mejor” Gobernador de México –hoy convertido en uno de los hombres más ricos de Yucatán– Rolando Zapata Bello al asignarle pensiones de ensueño a gente que no cumplió con los requisitos de tener 55 años cumplidos y 15 o mas de aportaciones o 30 años de aportaciones.
Las pensiones canceladas por el Gobierno del Estado a través del ISSSTEY van de 8 mil a 46 mil pesos mensuales.
Las más altas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargaz, ex titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría, a quienes se le pretendía otorgar 46 mil pesos mensuales.
Les sigue José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del ex gobernador Zapata Bello en la Ciudad de México, quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.
Los ex directores Ariel Enrique Azcorra Padilla (del fideicomiso público de la reserva territorial de Ucú), Jesús Antonio Paz Pineda (de la unidad de asesores) y Elda María Vargas Jiménez (de procesos transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas), recibirían de 40 mil pesos, y Beatriz Eugenia Solís Sánchez (departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey—, 25 mil pesos.
A Gaspar Javier Arceo Peniche se le asignaron 19 mil 219 pesos; Margarito Chi y Balam, de 16 mil 814 pesos; Emma Alegría del Socorro García Pérez, 13 mil 800 pesos, y Hernán José Cárdenas y Gallareta, 12 mil pesos mensuales.
Pedro Pablo Noemí Martínez recibiría 11 mil pesos al mes, y Ermilo Duarte Torres y Mario Renán González Sosa, con sendos ocho mil pesos mensuales.
Hay casos de ex funcionarios que sólo habían trabajado seis años en la administración pública y que pretendían pensionarse, sin causa justificada, a los 40 años como Arceo Peniche.
