Los dueños de México son además dueños del agua: Kimberly, Femsa, Azteca, Bachoco, Herdez, minas…

• A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesionesotorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua”publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.

Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.

A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.

“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.

En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.

La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.

“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.