Seis niños contra 49.000 cerdos
• Un grupo de menores ha detenido en los tribunales las actividades de una granja porcícola en el área protegida del Anillo de los Cenotes de Yucatán, con el argumento de su derecho a conservar su agua y aire limpios
HOMÚN, Yucatán a 29 de Abril.- (EL PAÍS/ @karlacasillas20) Cuando era niña, Maribel Ek Can descendía con su padre y su hermano pequeño a las profundidades de una caverna para recoger agua del cenote de Santa María, en el municipio de Homún, en Yucatán.
En medio de la oscuridad, apenas rota por la luz de una vela, veía fascinada unas formas en las rocas que le parecían serpientes petrificadas con sus escamas bien definidas.
“No las toquen ni las lastimen porque ellas tienen vida, y en algún momento se van a despertar. Están encantadas”, les advertía su padre.
Ahora, a sus 43 años, vive a unos 15 metros del cenote. Para ella y sus vecinos sigue siendo un centro en sus vidas: agua para beber, agua para limpiarse, agua para lavar, agua como reclamo del ecoturismo. Lo que ha cambiado en la comunidad es que con ocho años ella creía en serpientes dormidas de piedra, hoy los animales que ocupan los pensamientos de los niños son 49.000 cerdos.
La entrada a la gruta de Santa María está presidida por un enorme álamo, una señal divina para los mayas de la posible presencia de un cenote.
Con el paso de los años, Maribel Ek Can se convirtió en guía y, en uno de sus descensos, un grupo de biólogos le enseñaron los nombres y procesos científicos de ese lugar mágico de su infancia.
“Me maravillé de saber que los dos sabíamos lo mismo, pero cada uno tenía su forma de nombrarlo”, recuerda. Poco a poco, descubrió que su cenote, una presencia enorme para ella, era solo uno de los cerca de 1.200 que forman el llamado Anillo de los Cenotes de Yucatán, apenas un diminuto punto azul en el mapa de un ecosistema interconectado del que dependían miles de personas más.
El anillo está desde 2009 en la lista Ramsar de humedales de importancia mundial, un convenio firmado en 1971 por México y de cumplimiento obligatorio para el Estado. En 2013 fue decretado Área Natural Protegida por el Gobierno estatal, lo que significa que está prohibida cualquier actividad “no compatible” con este ecosistema.
Pero en octubre de 2016, Enrique Echeverría Chan, entonces presidente municipal de Homún, le concedió a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) una licencia de uso de suelo para instalar una mega granja en la zona.
La Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protegen el derecho de los pueblos originarios a su “autonomía y libre determinación” sobre temas de conservación de su hábitat a través de consultas. Varios habitantes, sin embargo, recuerdan que solo se enteraron de la existencia de la granja cuando en junio de 2017 vieron las obras ya avanzadas que convertirían 113 hectáreas de selva —unos 160 campos de fútbol— en varias naves de concreto para albergar miles de cerdos.
La comunidad de Homún enfureció. José Clemente May, secretario de la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes), recuerda que algunos habitantes llegaron a amenazar con quemar la casa de Echeverría Chan. El 29 de junio de 2017 en una reunión del cabildo se resolvió por “unanimidad” —de acuerdo con el acta— revocar y “dejar sin efecto legal las autorizaciones y/o licencias otorgadas a la empresa PAPO”. Aquel primer acto de resistencia fracasó, explica el abogado ambientalista Raziel Villegas, porque solo un juez puede revocar las decisiones de una autoridad.
“La granja se comenzó a construir con base en todo tipo de irregularidades y violaciones a la ley”, dice Villegas. “Donde PAPO puso la granja es una selva mediana (había árboles de 10 metros), y eso lo tendría que haber autorizado el Gobierno federal [no el municipal] a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para ello, tendría que haber comprobado que no se iba a poner en riesgo la biodiversidad, contaminar el agua y, sobre todo, asegurar que el nuevo uso de suelo va a ser igual o mejor que si siguiera siendo forestal”, explica.
En los meses que continuaron a la tensa asamblea, la comunidad de Homún elevó sus quejas a las autoridades estatales y federales.
Según los documentos en posesión de esta reportera, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hizo una inspección para revisar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la granja ya casi construida.
En su dictamen señaló que no podía determinar si se trataba de un área forestal o una zona árida. Los datos oficiales del Instituto Nacional Forestal, sin embargo, señalaban que esa zona era una selva mediana. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) dio su visto bueno a la Manifestación de Impacto Ambiental, con la obligación de que la empresa pusiera una planta de tratamiento de aguas residuales, una obra que nunca acabó de construirse.
La granja empezó a operar en agosto de 2018, unos cinco años después de que se declarara área natural protegida, y miles de lechones llegaron a Homún. “En todo ganaban ellos (los empresarios)”, dice Maribel Ek Can, resignada, en el soportal de su casa de paredes amarillo pálido, donde vive con sus cinco niñas y un hijo adolescente. “Pero después… ¡las cartas de los niños ganaron!”.
La contaminación de la mayor reserva de agua
Hace solo un par de décadas los científicos hablaban de unos 300 cenotes que recorrían el subsuelo de la península de Yucatán (compuesta por los Estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche). La cifra, según Guillermo de Anda, que preside las investigaciones del Gran Acuífero Maya, puede llegar hasta los 10.000. Estos conjuntos interconectados de aguas cristalinas subterráneas, que en la cosmovisión maya eran la entrada al inframundo, forman parte de la mayor reserva de agua de México.
La industria porcícola necesita una gran cantidad de agua, y Yucatán se ha convertido en uno de sus destinos predilectos: de 2006 a 2018 la producción porcina de la península aumentó un 36%. Según un estudio de Greenpeace, publicado en 2020, hay 257 granjas porcícolas en la península que han causado “deforestación, daño al suelo, contaminación a acuíferos, malos olores, despojo y afectación al ecoturismo de los cenotes”.
De estas, 43 están en Áreas Naturales Protegidas y solo 22 cuentan con el permiso de impacto ambiental.
“No es un proyecto deseable”, dice sobre la granja en Homún la arqueóloga y maestra en oceanografía Ana Celis, que investiga el comportamiento físico y químico de unos cenotes que representan el 70% del agua que utilizan los habitantes de la Península de Yucatán.
Celis explica que estas industrias filtran una gran cantidad de desechos al subsuelo, que acaban en el agua, la hacen incompatible para el consumo humano e implica riesgos para la salud.
Además, generan una alta presencia de nutrientes que provocan una sobreproducción de algas en los cenotes. “El agua ya no va a ser cristalina y tampoco útil, porque ya se alteró ese equilibrio”.
Cuando la granja abrió, recuerdan la decena de cenoteros entrevistados, un olor insoportable se apropió del aire del pueblo y las aguas negras que acarrean excremento, orina y los componentes químicos que se usan para bañar a los cerdos permearon el suelo. Después de sus fracasos con las autoridades, en octubre de 2018 la comunidad apeló a la conciencia ambiental de los empresarios.
Un niño escribió una carta dirigida a la empresa Kekén (cerdo en maya). PAPO trabaja bajo un modelo de aparcería: crían y engordan a los cerdos para después entregarlos a Kekén, presidida por el empresario Claudio Freixes, una de las mayores productoras de carne en México y la mayor empresa de la industria porcícola de Yucatán, que exporta a países como Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Canadá.
Kekén no quiso conceder una entrevista a esta reportera. En su lugar envió un comunicado en el que decía que la propiedad de la granja era de PAPO y que su relación comercial se inició cuando esta empresa había acreditado toda la documentación ante las autoridades, “al revocarse los permisos, el contrato con el particular quedó sin efectos”.
Por su parte, Enrique Ortiz, representante legal de PAPO, se negó a dar una postura, argumentando que hay un juicio en marcha.
“Señores de Kekén: pido encarecidamente que retiren sus cerdos de Homún porque no quiero que mi pueblo se contamine con los desechos de sus cerdos… también me gustaría que mi pueblo se mantenga con sus cenotes bonitos y limpios, y no quisiera que más adelante me enferme porque sus cerdos ya hayan contaminado el aire que respiro y el agua”.
Kekén nunca respondió a esta carta escrita por uno de los niños de Homún. Pero ese gesto infantil, aparentemente inocente, se convertiría en un arma legal para la comunidad.
Si las denuncias a las autoridades sobre las violaciones a las leyes ambientales no frenaban la granja, quizás lo haría en los tribunales el inminente desastre ambiental que violaba sus derechos más básicos.
Un triunfo infantil
El 28 de septiembre de 2018, seis niños de Homún —a través de sus madres— interpusieron una demanda de amparo ante un juzgado de Yucatán para frenar las operaciones de la granja.
Apoyados por la ONG Indignación, demandaron por ser “omisos” en el cumplimento de la ley al Gobierno de Yucatán (presidido en ese entonces por Rolando Zapata); a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal, a cargo de Batllori Sampedro, quien había firmado unos años antes el decreto para declarar el Anillo de Cenotes área protegida; y a Enrique Echeverría Chan, el presidente municipal que concedió el permiso a PAPO.
En el documento se incluían las cartas escritas por los seis niños, dirigidas a la jueza de distrito Miriam de Jesús Cámara Patrón.
“En Homún habitamos aproximadamente 2.600 menores de edad, quienes estudiamos. En nuestros ratos libres acompañamos a los turistas que llegan a nuestro pueblo a conocer los cenotes.
El agua de los cenotes la ocupamos para diversas actividades, la más importante es para tomar, también la ocupamos para bañarnos, lavar ropa y para lavar trastes”, se lee en una de ellas.
El mensaje de los niños era que la granja transgrede su derecho a un medioambiente sano, a una vida digna, a su derecho al agua, al desarrollo, y a su autonomía como integrantes de un pueblo indígena maya.
La jueza Cámara Patrón les dio la razón y la granja, solo dos meses después de empezar actividades, detuvo sus operaciones hasta hoy.
La sentencia de la jueza se basa en el principio precautorio; no esperar a que las “catástrofes ambientales” sucedan, cuando ya los daños sean irreversibles.
“La granja podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, tanto, que existen diversos ordenamientos diseñados para que dicho impacto no alcance proporciones catastróficas para los habitantes”, se lee en el documento. “El no atender al principio precautorio estipulado en diversos tratados y convenios internacionales, podría generar responsabilidad al Estado mexicano ante los Tribunales Internacionales”.
La sentencia también señala que la granja significaba “un riesgo inminente de afectación al medio ambiente y desequilibrio ecológico grave, cuyas consecuencias serían de muy difícil reparación, dado que una gestión inadecuada de las aguas residuales y de la contaminación sólo se hace patente a largo plazo (…) y la absorción en el manto freático de aguas residuales no tratadas pone en riesgo no sólo la zona en cuestión, sino el acuífero de la Península”.
Eduardo Batllori, secretario de medioambiente de Yucatán de 2007 a 2019, dice en una entrevista que está a favor del principio precautorio, pero que defiende su actuar en el caso de la granja de Homún. Dice que cuando el presidente municipal dio la licencia de uso de suelo a la granja él no tenía autoridad para revocarlo porque el decreto “no prohíbe expresamente la industria porcícola”, aunque sí una actividad potencialmente contaminante en la reserva.
“Esta industria es contaminante, pero hay muchísimas otras actividades que también lo son, empezando porque el 70% de las casas ni siquiera tienen fosas sépticas; entonces de aplicarles la ley tendríamos que estar clausurando todas las casas”.
El exfuncionario asegura que fue él mismo quien les exigió el sistema de tratamiento de aguas residuales: “Yo te puedo decir que esa granja tiene el sistema de tratamiento más avanzado que pudiéramos tener a nivel nacional, pero nunca pudo funcionar para mostrar sus bondades. Lamentablemente se perdió esa oportunidad”.
—Pero la granja ya estaba funcionando, y el sistema no se había acabado de construir—, se le replica.
—Ya estaba acabada—, responde Batllori en una llamada, y explica que el biodigestor aún no se había llenado y por tanto no le habían puesto la tapa. —Bueno, además había por ahí un tubo que no estaba terminado de conectar.
El amparo del caso tiene que ser calificado por la Suprema Corte de Justicia, una decisión que seguramente se producirá en junio, según cálculos de Lourdes Medina, la abogada de Indignación que lleva la defensa de Homún.
“Sería la primera vez que la Suprema Corte se pronuncia sobre la aplicación del principio precautorio, algo histórico a nivel nacional”.
Esto, explica, cambiaría el modelo para aplicar la ley, y frenaría más proyectos potencialmente contaminantes, por lo que muchas otras comunidades podrían seguir el ejemplo.
La resistencia de Homún podría seguir la lógica interconectada de los 10.000 cenotes que bañan el subsuelo de Yucatán. “No se puede contaminar un cenote sin contaminar el resto”, dice el abogado ambientalista Raziel Villegas.
Del mismo modo salvar uno podría salvar el resto.
Maribel Ek Can, al lado del cenote de Santa María, lo explica así: “Acá no estamos defendiendo un solo cenote, ni siquiera varios. Dime, ¿dónde se compran los kilos de aire? ¿Cómo se fabrica el agua?”.
